Estudiantes: Ángela María Jimena Jiménez García
Durante las últimas tres décadas la energía constituyó una oportunidad de desarrollo para Casanare, a través del petróleo y sus derivados. Sin embargo, el año 2014 marcó un punto de inflexión frente a esa problemática a causa de la caída del precio del barril de petróleo. Consecuentemente, para una economía netamente extractivista por casi treinta años, este hecho generó una afectación a la región (Ministerio de Agricultura, 2018).
Dicha situación abrió otro panorama porque visibilizó la necesidad de otras formas de desarrollo económico y, con ello, la exploración de nuevas formas de generación de energía, renovables y más sustentables. Tal y como había pasado ya en otros países, el camino ahora es las energías renovables.
En este escenario, en Colombia se promulga la Ley 1715 de 2014 con el fin de estar a la vanguardia de las nuevas modalidades energéticas. El objeto de esta ley era promover el desarrollo de las fuentes no convencionales de energía, pero especialmente, aquellas de carácter renovable dentro del sistema energético nacional. De esta iniciativa, caber resaltar que buscaba atender una singular preocupación: las zonas aisladas, cuya denominación técnica es la “zonas no interconectadas” o ZNI (2014), un sector de la población colombiana que tiene un uso restringido –o simplemente “sin”– suministro eléctrico. Cabe aclarar, que las ZNI tienen un carácter rural. En ellas confluyen un sinnúmero de situaciones que dificultan la tarea de articular la formulación de las políticas públicas (Jiménez, 2014).
Casanare no escapa a esta realidad, cuenta con un gran número de ZNI, pues cerca del 90% de los municipios tienen falencias de suministro de energía, es decir, viviendas sin servicio eléctrico (UPME, 2019). Esos territorios casanareños sin servicio eléctrico coinciden a su vez con las zonas más afectadas por el conflicto armado en el país, aquellas que en la Ley 1819 de 2016 se denominan ZOMAC.
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